En el sector de hidrocarburos la entrega de tierras y recursos naturales a empresas extranjeras comenzó a fines del siglo XIX. En 1867 el gobierno de Mariano Melgarejo Valencia realizó la primera concesión petrolera a empresarios alemanes en la provincia Arce del departamento de Tarija. A partir de entonces se desataría una fiebre especulativa que dio origen al monopolio de la compañía estadounidense Standard Oil.
Ante las concesiones iniciales realizadas por Melgarejo, el gobierno de Tomás Frías Ametller declaró en 1872 el petróleo como propiedad del Estado boliviano y emitió las primeras disposiciones legales sobre la explotación de ese recurso, además de establecer el sistema de estacas (concesiones) para controlar el pago de patentes.
En términos generales se afirma que la base legal de Frías fue la prepolítica del Estado boliviano sobre el petróleo en la medida en que posibilitó 54 concesiones a privados en los departamentos de La Paz, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, aunque no produjeron resultados en la producción de petróleo.
Para evitar la indiscriminada concesión de tierras entregadas al amparo de la vieja Ley de Minas, el gobierno de Ismael Montes Gamboa promulgó la Ley de Reserva Fiscal, del 12 de diciembre de 1916, y por primera vez se estableció una regalía del 10% sobre la producción bruta.
A principios de 1920 el presidente José Gutiérrez Guerra ordenó levantar la reserva fiscal y entregó a los especuladores enormes concesiones de tierras. La estadounidense Richmond Levering se hizo de un millón de hectáreas petroleras por 50 años.
Un año después, esa transnacional vendió sus derechos y acciones a la firma estadounidense Standard Oil Company. Pese a que la transacción fue clandestina, el gobierno de Bautista Saavedra Mallea admitió la trasferencia, para lo que se modificó la Ley Orgánica del Petróleo que fijaba un límite de 100.000 hectáreas para las concesiones de exploración petrolífera.
La empresa descubrió petróleo en Bermejo (1924), Sanandita (1926), Camiri (1927) y Camatindi (1931) sin generar riqueza para el país. La Standard Oíl fue acusada de defraudar al Estado boliviano y realizar contrabando de petróleo a la Argentina y Paraguay, y durante la Guerra del Chaco (1932-35) se negó a suministrar petróleo a las Fuerzas Armadas de Bolivia.
En 1935, el presidente José Luís Tejada Sorzano enjuició a la empresa por fraude y contrabando de petróleo. Antes el senador Abel Iturralde denunció que las concesiones otorgadas a Richmond Levering eran nulas, porque carecían de sustento legal, además de violar la ley que establecía un máximo 100.000 hectáreas para las concesiones petroleras.
El 21 de diciembre de 1936, el gobierno de David Toro Ruilova, asesorado por el teniente coronel Germán Busch y el ingeniero Dionisio Foianini, entre otros, creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Y el 13 de marzo de 1937, el gobierno de Toro firmó la primera nacionalización del petróleo y la confiscación de bienes a la Standard Oil.
Mediante Decreto de Constitución de la Junta de Gobierno del 16 de mayo de 1936 se dispuso la separación del Portafolio de Industria, Comercio y Servicios de Minas y Petróleo para la creación del Ministerio de Minas y Petróleo, a través del Decreto Ley de 10 de junio de 1936, en la que se establece sus funciones, obligaciones y organización.
El 12 de noviembre de 1940, mediante Decreto Supremo se suprime el Ministerio de Minas y Petróleo y se lo incorpora al Ministerio de Economía Nacional.
El 12 de agosto de 1952, mediante Decreto Supremo 3037 se restablece el Ministerio de Minas y Petróleo para la recuperación de las riquezas naturales.
En la década de los años 40, Bolivia cae en una inestabilidad política, pero YPFB sale adelante por el impulso del presidente Gualberto Villarroel López, quien apoya la construcción de refinerías, oleoductos e importante infraestructura para la comercialización de los productos de la empresa.
En los años 50, Bolivia logra abastecer la demanda interna fruto del trabajo desarrollado en la década anterior y al descubrimiento de nuevos yacimientos de hidrocarburos, y comienza a transformarse en un país exportador de petróleo.
Desde la expulsión de la Standard Oil en 1937, el capital norteamericano buscó acaparar nuevamente el petróleo en Bolivia, objetivo que consiguió en el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). En 1956, la aprobación del Código de Petróleo o Davenport, que marcó un retroceso al no establecer reglas de juego claras para la concesión, exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos del país.
Esa norma fue la que posibilitó el ingreso al país de la empresa estadounidense Gulf Oil en condiciones ampliamente beneficiosas, ya que se adueñó de los campos más productivos de petróleo y de gas natural en Bolivia, pagando la regalía más baja del mundo.
La desnacionalización alcanzó su clímax al adjudicarse la construcción del gasoducto a Argentina a la norteamericana Williams Brothers, junto a la Gulf.
En ese contexto sobrevino la segunda nacionalización que se realizó el 17 de octubre de 1969, cuando el gobierno de Alfredo Ovando Candia nacionalizó los bienes de la Gulf, permitiendo la recuperación de las reservas de gas que manejaba ilegalmente la transnacional. Entre los promotores de esa medida estuvo el ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y el responsable del control y toma de los campos petrolíferos fue el general Juan José Torres.
En los 70 se promulga la Ley General de Hidrocarburos y se da inicio a la exportación de gas a la Argentina.
Mediante Decreto Ley 9195, del 30 de abril de 1970, el gobierno de Alfredo Ovando Candia aprueba un Plan de Reforma Administrativa que dispuso la creación del Ministerio de Energía e Hidrocarburos, a la cabeza del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, y del Ministerio de Minería y Metalurgia al frente de Óscar Bonifaz Gutiérrez. Ambas instituciones reemplazaron al Ministerio de Minas y Petróleo.
La estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, a través del Decreto Supremo Nº 29894, del 7 de febrero de 2009, revalidó la institucionalidad del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, junto a la responsabilidad de proponer y dirigir la política energética del país, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado.
Mediante el Decreto Supremo Nº 3058 del 24 de enero de 2017 y el Decreto Supremo N° 3070 de 1 de febrero de 2017 se creó el Ministerio de Energías y se estableció la nueva estructura jerárquica del Ministerio de Hidrocarburos.
Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 4393, del 13 de noviembre de 2020, fusionó la estructura del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
Durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez (1971-1977) y la inestabilidad política y económica de los años 80 reaparecieron los promotores de la privatización con el ingreso de empresas transnacionales a Bolivia.
Los años 90 se inauguran con la firma del polémico convenio “Borrón y Cuenta Nueva”, un acuerdo político que promovió el gobierno de Jaime Paz Zamora por el cual se cancelan las obligaciones de la petrolera argentina ENARSA con YPFB.
Entre 1994 y 1997, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada puso en marcha el proceso de “capitalización” de las empresas estatales, por la cual YPFB es literalmente desmembrada en empresas de capitales privados (Andina, Chaco y Transredes, capitalizada por la quebrada norteamericana Enron), que le pagan al país un magro 18% en concepto de regalías.
Posteriormente, el gobierno de Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga impulsan la privatización de las refinerías de YPFB.
Durante el segundo gobierno de Sánchez de Lozada (2002-03) se registró la denominada Guerra del Gas, referida a la movilización del pueblo boliviano contra la intención de exportar gas natural a Estados Unidos y México a través de puertos chilenos. La represión militar contra civiles dejó más de 60 muertos y 400 heridos.
El 18 de julio del 2004 se dio el primer referéndum sobre los hidrocarburos en Bolivia, cuando la población definió la recuperación de la propiedad pública de los hidrocarburos, la derogación de la Ley de Hidrocarburos promulgada por Sánchez de Lozada y la refundación de YPFB.
El referéndum fue aprobado por amplia mayoría y, en consecuencia, el Congreso aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos que establecía un impuesto de 32%, el mismo que se sumaría a los ingresos por regalías del 18 % que entregaban las transnacionales que explotaban gas y petróleo al Estado boliviano, sumando en total un impuesto del 50%, pero el presidente Carlos Mesa (2003-2005) se negó a promulgarla.
Luego de un gobierno de transición encabezado por Eduardo Rodríguez Veltzé, Evo Morales Ayma asumió la Presidencia del Estado el 22 de enero de 2006 y entre las primeras medidas que adoptó fue la promulgación del Decreto 28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos “Héroes del Chaco”. El objetivo de esta norma fue recuperar, a favor del Estado, la propiedad y el control absoluto y total de los recursos naturales hidrocarburíferos del país.
Tras la nacionalización, YPFB controla toda la cadena productiva de los hidrocarburos: la exploración, explotación, transporte, refinación, almacenaje y comercialización de gas natural, petróleo y sus derivados, tanto en el mercado interno y externo.
La nacionalización de los hidrocarburos generó una histórica renta petrolera superior a los 38.000 millones para el país entre 2006 y 2018, mientras que el periodo de la privatización apenas generó una renta petrolera de unos 3.000 millones de dólares.
Los avances de la economía boliviana sufrieron un estancamiento tras el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019. El gobierno de facto de Jeanine Añez Chávez puso en marcha un proceso de reprivatización de empresas estatales, empezando por el sector de energía eléctrica.
Los planes de Añez no prosperaron ante la llegada del presidente constitucional Luis Arce Catacora, que ganó las elecciones de octubre de 2020 con más de 55% de los votos a la cabeza del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Arce llamó a defender la nacionalización y reconstruir la economía boliviana tras el fallido intento de políticos de la derecha de retornar al modelo del neoliberalismo.