El Gobierno interviene YPFB mediante una Comisión Interministerial para recuperar la eficiencia técnica, administrativa y operativa de la estatal petrolera
UCOI MHE 02/09/26.- El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) mediante el D.S. N° 5697, frente a las deficiencias logísticas en la importación y distribución de carburantes que generan riesgos a la seguridad energética, con el objetivo de proteger los intereses del Estado y recuperar la eficiencia técnica, administrativa y operativa de la estatal petrolera.
La intervención no liquida, suprime ni modifica la estructura institucional ni la naturaleza jurídica de Yacimientos.
El decreto fija un periodo de hasta 180 días calendario, ampliable de forma excepcional una sola vez por hasta 90 días adicionales mediante Resolución Ministerial, o de conclusión anticipada si se superan las causas que la motivaron.
La Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria (CIEE) está integrada por los ministerios de Economía y Finanzas Públicas; Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; Hidrocarburos y Energías; Obras Públicas, Servicios y Vivienda; y el Viceministerio de Transparencia.
Entre sus atribuciones, se estableció que la Comisión tendrá pleno acceso a la información y sistemas de YPFB; solicitará auditorías técnico-legales y financieras; revisará la trazabilidad para identificar redes de contrabando, desvío y acopio de combustible; y remitirá posibles hallazgos de corrupción a la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y demás autoridades competentes.
La medida se ejecuta bajo el principio de austeridad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro General de la Nación (TGN).
A efectos de operativizar la intervención, la CIEE aprobará, mediante Resolución Multiministerial, el Reglamento de su funcionamiento en un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la publicación del decreto, y emitirá un informe inicial en un plazo de treinta (30) días tras la publicación de dicha norma.
La Comisión sugerirá la ejecución de auditorías multidisciplinarias sobre la intervención para evaluar responsabilidades y, de hallar irregularidades, elaborará un informe detallado con los involucrados y las pruebas correspondientes para su remisión a entidades como la Contraloría, el Ministerio Público y la Procuraduría. Este proceso fiscalizador no suplirá las competencias constitucionales de dichas instituciones públicas, mientras que YPFB asumirá el rol de querellante para proteger y recuperar el patrimonio estatal en los casos que corresponda. Finalmente, la Comisión supervisará el avance de las acciones legales resultantes e informará de manera periódica sobre sus hallazgos al Presidente del Estado.