DIRCOM, martes 31 de marzo de 2026.- “¿A cómo me pueden vender?”, se escucha en el video grabado en Iquique, Chile, donde el sujeto filmado responde: “Yo ahorita tengo 300 litros” y luego hay una seguidilla de intercambios desde precios y capacidad del vehículo para el traspaso del combustible.
Esa grabación, con personal que se hizo pasar por compradores, es una de las pruebas presentadas este martes por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, como evidencia del modus operandi que afectó gravemente al parque automotor del país.
El video de la negociación entre supuestos compradores y operadores de la red delictiva, es parte de una investigación que inició el año pasado, ya en la administración del presidente Rodrigo Paz.

“La red de robo y sabotaje de gasolina y diésel tiene dos referentes iniciales: la ciudad de Arica y la ciudad de Iquique”, detalló Oviedo, mostrando imágenes de garajes particulares donde se extraía el combustible.
Según el ministro Oviedo, la red mezclaba el combustible con agua sucia y aceite usado en territorio chileno. La autoridad indicó que esta pesquisa involucra jurisdicción boliviana, pero también a Chile, Paraguay y Argentina.
La autoridad indicó que la adulteración se localiza en dos ciudades chilenas: Arica e Iquique. En Arica se realizaba el trasvase ilegal de combustible desde cisternas grandes a camiones particulares, mientras que en Iquique funcionaban los centros de almacenamiento clandestino y surtidores ilegales que vendían el producto robado hacia Bolivia.
El ministro explicó cuáles eran los pasos que seguían las personas de esta red delincuencial: “Normalmente las cisternas cargan entre 33 mil y 35 mil litros. Le sacan mil y hasta siete mil. ¿qué hacen? Se extrae el diésel, se hace un trasvase. Se hace la extracción de las válvulas que van en la parte superior de la cisterna”
Posteriormente, según señaló Oviedo, llenaban el volumen extraído con agua de una acequia contaminada, mezclada con aceite usado para simular el color y la densidad del combustible. “Esto es lo que ha estado recibiendo el país y dañando el parque automotor de los bolivianos”, afirmó Oviedo.
Según los datos preliminares, durante el periodo investigado, ingresaron aproximadamente 5.000 cisternas desde Chile, equivalentes a unos 150 millones de litros de combustible dañado que llegaron a Bolivia.
El ministro enfatizó que el crimen tiene “dos puntas”: una en territorio chileno, donde se realizaba el robo y la adulteración, y otra en Bolivia, donde se comercializaba el producto en plantas de distribución, especialmente en el occidente del país.
“Se tienen responsables y se empezarán a realizar las diligencias correspondientes”, anunció, destacando la colaboración entre la Policía y la Fiscalía de ambos países.
Oviedo concluyó que la red delictiva se originó en la administración anterior (YPFB) y se extendió, causando un daño económico y técnico de gran magnitud. El Gobierno anunció que continuará profundizando las pesquisas y aplicará las sanciones correspondientes tanto en Bolivia como en coordinación internacional.