UCOM MHE 17-12-2025.- Con el propósito de preservar la estabilidad del mercado de combustibles y garantizar el abastecimiento a mediano plazo, el Gobierno anunció que en un plazo de seis meses prevé traspasar gradualmente esta responsabilidad al sector privado, que cuenta con la capacidad financiera para asegurar el suministro mediante cartas de crédito y contratos de hasta cinco años.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, explicó que esta medida forma parte de un plan integral que contempla licitaciones internacionales por bloques de mayoreo —un esquema que funcionó entre 2000 y 2005— y un ajuste responsable de los márgenes internos del precio, con el fin de gestionar de manera sostenible el subsidio a los combustibles.
Medinaceli señaló que el país enfrenta un doble desafío: asegurar el ingreso del combustible al territorio nacional y garantizar que llegue efectivamente a la población. “El combustible está ingresando al país, pero el segundo desafío nos mantiene en monitoreo constante”, afirmó, al advertir que redes de corrupción desvían carburantes hacia países vecinos o al mercado negro interno, lo que genera presión en la demanda y explica las filas en los surtidores.
Detalló que, por cada cisterna desviada, las ganancias en el mercado ilegal oscilan entre 200.000 y 300.000 bolivianos, montos que superan ampliamente decenas de salarios mínimos. “El grueso del problema es el combustible que sale del país, principalmente hacia Perú, Chile y Paraguay, donde el precio es mayor”, indicó.
El ministro subrayó que el problema de fondo es financiero. Recordó que, pese a la existencia de contratos en el pasado, no se contaba con la solvencia necesaria para ejecutarlos. En ese marco, destacó que la recuperación de la confianza del sector financiero, de organismos multilaterales y de los proveedores permitió normalizar la provisión de combustibles.
Respecto al subsidio, Medinaceli aclaró que el Gobierno no aplicará medidas improvisadas. “No se trata solo de una respuesta de emergencia, sino de un plan de corto y mediano plazo”, dijo, al enfatizar que el precio de los combustibles responde a una estructura compleja que incluye referencia internacional, refinación, transporte, impuestos y regalías, y que debe ordenar el mercado por los próximos cinco años.
Además, anunció que, una vez traspasada la distribución al sector privado, el Gobierno trabajará en una nueva Ley de Hidrocarburos, basada en dos pilares: un sistema impositivo acorde a la realidad de cada campo y una nueva tipología contractual que distribuya riesgos entre el Estado y el sector privado, con el objetivo de atraer inversiones y recuperar la producción.