UCOM-MHE-15-04-2023.- La Política Nacional de Control y Lucha Contra el Contrabando de Combustibles, a través de una serie de medidas establecidas en los decretos supremos 4910 y 4911 para reforzar el control al expendio en las estaciones de servicio, reducirá la reventa de carburantes y garantiza un precio estable a la población.
Con base en un diagnóstico en el que se identifica el desvío de combustibles al mercado negro y al contrabando, el Gobierno nacional, a través de los ministerios de Hidrocarburos y Energías, de Gobierno, Defensa y de Economía y Finanzas Públicas, lanzaron dicha Política, que involucra modificaciones a la normativa y mecanismos rigurosos de control a los surtidores.
Mediante estos dos decretos —que incorporan medidas efectivas para combatir actividades ilícitas— tiene entre sus propósitos mantener el normal suministro del mercado interno sin afectar al transporte público y privado, por lo tanto, no afectará particulares ni a ninguna actividad lícita, por el contrario, asegura el abastecimiento, precio y calidad del servicio de venta de combustibles en todo el país.
Como es de conocimiento público, desde hace más de 15 años, los bolivianos adquieren la gasolina especial a Bs3,74 por litro (Bs/l), el diésel a Bs3,72 por litro. Sin embargo, en los países vecinos estos productos se comercializan al valor del mercado internacional y sus fluctuaciones.
Pese a la volatilidad del valor del petróleo en el mercado internacional, en el marco de la política de lucha contra el contrabando, el Gobierno nacional garantiza la estabilidad de los precios de los combustibles, preserva la buena calidad de los insumos y contribuye a reducir el riesgo de inflación.
Para el modelo económico social comunitario y productivo, el precio fijo de los combustibles contribuye a mantener la estabilidad económica en el país y ayuda a mantener el poder adquisitivo de la población boliviana.